“PERDÓN KIM” Estudiar cuesta la vida

Cada vez que una estudiante es asesinada, las universidades mexicanas repiten el mismo guion: comunicado institucional, condolencias públicas y promesas de revisar protocolos. 

El problema es que todo ocurre después. La institucionalidad educativa en México se ha vuelto esencialmente reactiva.

Los nombres que acompañaron el 8M de este año lo recuerdan con crudeza: Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Karol Toledo Gómez, de 18 años, estudiante de Derecho; y Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, asesinada tras abordar un transporte por aplicación en el Estado de México. Tres jóvenes que simplemente transitaban su vida cotidiana —ir a clases, regresar a casa— cuando la violencia las alcanzó.

Las cifras muestran la dimensión del problema. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 54 feminicidios fueron registrados en enero de 2026, un promedio de 1.7 al día. En 2025 se contabilizaron 721 feminicidios en el país. Y aun así, solo alrededor de una cuarta parte de las muertes violentas de mujeres se investigan inicialmente como feminicidio, lo que revela un subregistro persistente.

Las estadísticas describen tendencias, pero no resuelven la pregunta central: ¿por qué las instituciones llegan siempre después?

Las universidades fueron concebidas como espacios de resguardo intelectual. 

Hoy esa frontera se ha debilitado. El campus ya no es necesariamente refugio; es apenas un punto dentro de una geografía más amplia de inseguridad: trayectos vulnerables, transporte precario, calles mal iluminadas y entornos urbanos donde la protección aparece tarde o no aparece.

Ante ese vacío, muchas estudiantes han construido sus propios sistemas de cuidado: comparten ubicación en tiempo real, caminan juntas, evitan ciertos horarios. 

La seguridad cotidiana depende más de redes informales entre amigas que de la arquitectura institucional de protección.

Cuando la prevención recae en las propias estudiantes y la universidad solo interviene tras la tragedia, la promesa educativa comienza a erosionarse y con ella la confianza generacional en las instituciones.

Porque lo que está en juego no es solo la seguridad en los trayectos universitarios, sino el tipo de país que las próximas generaciones aprenderán a habitar: uno donde la educación abre oportunidades o uno donde incluso estudiar implica riesgo.

La seguridad estudiantil no es un asunto administrativo. Es una condición básica para el derecho a la educación y para la confianza de las nuevas generaciones en el futuro que se les promete.

Porque la pregunta que hoy enfrenta el país es inevitable:

¿de qué sirve ampliar la matrícula universitaria si los trayectos hacia el aula siguen siendo peligrosos?

Cada feminicidio de una estudiante revela algo más que la brutalidad de un crimen. Expone la fragilidad de un sistema completo: seguridad pública, instituciones educativas y capacidad estatal para proteger a su generación más joven.

Por eso las protestas estudiantiles no son solo indignación. Son también una advertencia generacional.

Porque cuando una estudiante es asesinada, no cae únicamente una vida. 

Se reduce también el horizonte de futuro que una sociedad es capaz de ofrecer a quienes deberían construirlo.