Fiscalía General de la República ¿depuración interna o de la justicia?

La procuración de justicia en México ha tenido el señalamiento de ser lenta, selectiva e ineficaz.

Uno de los retos que se plantearon desde el inicio de la gestión de la nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, fue hacer un inmediato cambio de estructuras y llevar a cabo los relevos necesarios para asegurar sus metas y resultados.

Desde diciembre de 2025 llegaron nuevos responsables de fiscalías especiales y coordinaciones generales, y ahora tocó el turno iniciar con el cambio de responsables de Delegaciones de la FGR en los estados del país.

Por lo pronto, se dio a conocer la sustitución de delegados o coordinadores en 11 entidades federativas: Baja California, Ciudad de México, Campeche, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas; destaca que de los nuevos nombramientos, seis corresponden a mujeres, con lo que se eleva la cuota de participación femenina para fortalecer la profesionalización del Ministerio Público Federal.

Coordinación y eficacia, la instrucción presidencial

Una clave para entender estos movimientos es la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum de reforzar la coordinación de la FGR con las instancias del gobierno mexicano y, por ende, que ésta se vea reflejada en la colaboración de las representaciones estatales con las fiscalías locales, cuya productividad y eficacia pasa necesariamente por el trabajo conjunto con la entidad autónoma.

En años recientes era común que las delegaciones estatales de la entonces PGR estuvieran controladas por el crimen organizado, y tras procesos de depuración y nuevos esquemas de coordinación ha sido posible alinearlas, paulatinamente, a las tareas que realizan las fiscalías en cada estado.

Combatir impunidad

La impunidad en el país presenta una realidad crítica desde hace años, lo que nos pone en el top 10 en este indicador.

Según diversas fuentes, de cada 100 delitos que se denuncian sólo alrededor de 14 se resuelven (datos más conservadores señalan que de cada 10 en uno se avanza).

Hay una cifra negra que refiere que la probabilidad de que un delito denunciado se resuelva es de apenas entre el 0.9 y el 1.2 por ciento.

La tasa de impunidad en delitos graves, como homicidios, está entre el 94 y el 97 por ciento.

Esta situación refleja baja eficiencia en la conformación de carpetas de investigación y en el seguimiento de los casos, lo que impacta en el combate también a la corrupción y en la rendición de cuentas, así como en la confianza ciudadana en las instituciones.