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El derecho a morir y la disputa a quien así lo decide. El caso Noelia

  • 10 abr
  • 3 min de lectura

 

“Yo me voy, vosotros  se quedáis aquí con todo el dolor, pero  yo pienso: ¿y todo el dolor que he sufrido durante todos los años?’

Noelia Castillo

 

Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia tras 601 días de litigios en tribunales españoles e internacionales, no representa exclusivamente un debate sobre la decisión de morir de forma asistida con el objetivo de terminar con un sufrimiento crónico o incesante.

Su caso sigue confrontando cuestiones éticas, filosóficas, legales, biológicas e incluso religiosas; de manera específica, mostró un dilema entre los derechos formales individuales, la toma de decisiones colectiva/familiar y las capacidades reales del Estado para acompañar, reparar o intervenir.

Eutanasia como política pública

La eutanasia ha pasado de ser una discusión incipiente para consolidarse como política pública en muchos lugares del mundo.

Actualmente, una decena de países la permite: en Países Bajos y Canadá representa ya entre el 4% y casi el 6% del total de muertes anuales; ocho países europeos están cercanos a su aprobación, en tanto que en América Latina ya es legal en Colombia, Ecuador y Uruguay, mientras que en la casi totalidad del resto de países ya se está discutiendo.

México cuenta, en algunas entidades federativas, con la figura de voluntad anticipada, el tema tiene una importante aceptación social y también se evalúan iniciativas al respecto.

La eutanasia, en cambio es considerada legalmente como un delito (equiparable a homicidio). Mediante la voluntad anticipada, de manera formal una persona expresa cómo desea ser tratada médicamente en caso de no poder decidir en el futuro, sobre todo en lo relativo a no recibir tratamientos que prolonguen la vida artificialmente.

Un debate social con gran proyección mediática

El caso de Noelia desató un debate social con fuerte repercusión mediática que vale la pena profundizar. 

Desde la psicología conductual, Jonathan Haidt habla de la necesidad de coherencia moral: los individuos tienden a rechazar decisiones que entran en conflicto con valores internalizados, como la preservación de la vida.

Cuando una decisión como la eutanasia irrumpe en ese marco de valores, genera una disonancia difícil de procesar que suele resolverse no cuestionando el principio, sino deslegitimando la decisión o las condiciones en las que fue tomada.

A esto se suma un segundo mecanismo: el sesgo de tutela o paternalismo psicológico, desarrollado en la economía conductual por autores como Cass R. Sunstein.

Cass menciona que este sesgo se activa cuando, frente a decisiones que resultan moralmente incómodas, se asume que el individuo no cuenta con la capacidad plena para decidir, ya sea por su estado emocional, su vulnerabilidad o las circunstancias que atraviesa.

En el caso de Noelia, se presentaron factores como la edad (considerando desde la vez primera que buscó acudir a la eutanasia), condiciones de vida, agresiones sexuales, depresión, intento de suicidio, situación médica, dolor crónico y un padre que impugnó su decisión ante tribunales nacionales e internacionales por considerar que su hija no estaba en pleno uso de sus facultades mentales.

Siguiendo con el ejemplo, en lugar de evaluar la autonomía y la autodeterminación de la persona en sus propios términos, esto se sustituye por una lógica de protección que termina por invalidar la voz del sujeto.

La disputa al decisor

El problema no es menor: se pasa de cuestionar la decisión a cuestionar la capacidad de quien decide.

En ese punto, el debate deja de centrarse en la experiencia del sujeto y se desplaza hacia la incomodidad del observador e involucra al Estado que en este caso ha sido calificado y descalificado como garantista o fallido pero que, en ambas posiciones, resulta ser insuficiente para procesar integralmente el sufrimiento que antecede a la decisión final.

¿Qué dijo Bukele y por qué nos interesa?

La reacción internacional al caso también refleja esta disputa. El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, abordó el tema en redes sociales en términos críticos hacia el modelo de derechos humanos y organizaciones que permiten y apoyan la eutanasia.

Su postura concuerda con la de agrupaciones que condenan que el sistema de políticas públicas que permite la eutanasia en casos como el de Noelia desprotegen a la víctima, a la que literalmente dejan ir, y mantienen con vida, incluso social, a los victimarios.

El debate ha de mantenerse abierto.

 
 
 

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