Adolescentes acorralados, tragedias escolares, respuestas que revictimizan

Tres países, mismas estampas dolorosas para sus comunidades escolares en días recientes.

En México, un adolescente de 15 años asesinó a dos de sus profesoras del colegio privado al que acudía -en Lázaro Cárdenas, Michoacán- con una  preparación previa que deja ver rasgos y conductas que pudieron identificarse con tiempo y gestionar cualquier viso de tragedia.

Posteos en sus redes de vídeos vinculados a la comunidad Incel (célibes involuntarios) y a Charlie Manson (líder criminal de culto) daban pistas. El ingreso a la escuela con un rifle de asalto es de las partes más cuestionadas en esta historia.

En Chile -concretamente  en Calama, al norte del país- un alumno de 18 años de una escuela pública, donde daba visos de aislamiento social y afectaciones en su salud mental, mató con un cuchillo a una inspectora e hirió a cuatro personas más, tres de ellas compañeros estudiantes.

En su mochila se encontró un arsenal y dispositivos que llamaron la atención.

En Argentina, en San Cristóbal, Provincia de Santa Fe, otro adolescente de 15  años disparó una escopeta que ingresó en un estuche de guitarra –como hizo también el chico mexicano- contra una formación de estudiantes, matando a un pequeño de 13 años e hiriendo a ocho estudiantes más.

El alumno sufría también de bullying de parte de sus compañeros e incluso hay videos que muestran los ataques de los que era objeto, provocando una  sensación de impotencia e impunidad.

Las respuestas de los adultos

Las respuestas de las autoridades de México y Chile dejan ver políticas y lineamientos muy distintos para tratar un asunto que afecta el bienestar de las comunidades educativas y que incide profundamente en los distintos espacios de convivencia social.

En el caso mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras lamentar el hecho, cuidó establecer los alcances de solo mirar el  fenómeno de la violencia escolar desde un enfoque punitivo, y más bien se pronunció por la atención integral de los adolescentes, con énfasis en su salud mental.

Dio a conocer la puesta en marcha de un programa nacional con este fin; en tanto, las autoridades del ramo a nivel federal y estatal anunciaron el reforzamiento de estrategias de paz, entre lo que se encuentra la formación socioemocional para docentes y alumnos, la detección temprana de riesgos mediante talleres comunitarios e implementación de "protocolos de paz" para construir entornos escolares seguros.

En el Congreso de Michoacán se levantaron voces para impulsar, entre otras, una ley de corresponsabilidad familiar.

En Chile, con el entrante Presidente José Antonio Kast puesto en primer plano, se presentaron dos proyectos de ley para hacer frente a la violencia en las escuelas, una desde el ámbito del Ministerio de Educación, y otra desde el correspondiente a la seguridad, dentro de lo que prevalece un enfoque de mano dura y medidas que pueden considerarse drásticas.

Las acciones a impulsar dentro de los proyectos de ley para brindar “seguridad escolar” incluyen la revisión de mochilas, establecer como una falta grave la interrupción de clases, prohibir capuchas o indumentarias que oculten el rostro de los alumnos, incorporar agravantes penales y, entre  las más controvertidas, inhabilitar la gratuidad para estudiantes que estén relacionados con hechos de violencia en las escuelas.

Lo que hace la diferencia

Preguntas como ¿cuál es el contexto que antecede a un hecho de violencia escolar?, ¿con qué dispositivos cuenta un centro educativo para garantizar la seguridad de su comunidad?, ¿qué medidas existen para detectar y atender oportunamente casos de bullying y de trastornos mentales en el estudiantado?, ¿de qué manera han de involucrarse las familias y la comunidad en el bienestar de las y los adolescentes? merecen respuestas con alto grado de reflexión, con mentoría de especialistas, directivos, profesionales de la atención socio escolar y de trabajo social educativo, que permitan tomar decisiones justas y con dimensión humana.