Que no se acabe caso García Luna

Cada que hay una mención a posibles colusiones del actual gobierno o partido dominante, Morena con el crimen organizado, se activa el resorte “Genaro García Luna”, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para atajar cualquier señalamiento o controversia.

Es recurrente que en su conferencia de prensa matutina la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilice este recurso para poner en perspectiva lo que sería la mayor muestra de corrupción gubernamental relacionada con el crecimiento del narcotráfico en México.

Sabemos sobre varios casos de posibles vínculos de gobernantes locales, legisladores y personajes importantes del partido en el poder, y de servidores públicos incluso, que son minimizados o relativizados por el antecedente García Luna –a quien se le acusa, en un  primer juicio, de por lo menos  delinquir toda una década-; y entonces, el curso del corrompimiento institucional pudiese seguir si al menos no alcanza a rebasar niveles de escándalo como los de la gestión calderonista.

El asunto García Luna mantiene cierto suspenso luego de la sentencia condenatoria de 38 años por sus vínculos con el narcotráfico que le impuso el Juez Brian Cogan y de que el mexicano fuese enviado a una cárcel de alta seguridad en el estado de Colorado.

El pasado 19 de diciembre, la defensa apeló la sentencia por narcotráfico, al considerar que fue violado el debido proceso; entre otras irregularidades, los abogados de García Luna reclaman la validez de testigos sin credibilidad y la valoración insatisfactoria de pruebas, así  como la no aceptación de testigos clave, “la  contaminación” del caso, y en general la afectación al derecho de su representado a un juicio justo. De plano piden que se anule la  condena o se ordene un nuevo juicio, ante lo cual, se abre un compás de espera de entre seis meses  y dos años, que es lo que regularmente dura en llegar una decisión del tribunal de apelaciones.

Cabe señalar, que existe un segundo  juicio por el cual el ex alto funcionario  mexicano, junto con su esposa, Linda Cristina Pereyra, deberán pagar dos mil 488 millones de dólares por su participación en contrataciones ilegales en perjuicio del Gobierno de México.

Esta sentencia fue dictada en mayo de 2025 por una corte civil de Miami, tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México; en tanto que la primera, por narcotráfico, corresponde a una corte federal de Nueva York, emitida en octubre de 2024.

Y México se asegura de hacer su parte

No obstante, en México el defenestrado García Luna habrá de seguir enfrentando el repudio que buscarán sustentar con acusaciones formales, tarea en las cuales, se aboca la nueva Fiscalía General de la República.

Adicional a su colusión con el Cártel de Sinaloa y sus actos de corrupción por contratos que derivaron en desvío de recursos y hasta lavado de dinero, Genaro García es señalado por su participación en el caso ilegal de introducción de armas a México conocido como “Rápido y Furioso”, la privatización de centros  de readaptación social y negocios asociados a su equipamiento.

La atención pública en el otrora súper policía está acendrada por recientes detenciones de gente de su círculo cercano: en diciembre pasado, se supo de la captura de quien fuera su Jefa de Asesores, María Vanesa “N”, acusada de delincuencia organizada y operación de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), tan cercana era que, se dijo, manejaba una empresa de alta facturación perteneciente a su superior. Igualmente, en la primera semana de enero ocurrió la detención del general en retiro Eduardo “N”, quien se desempeñó como comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), donde presuntamente cometió la desviación millonaria de recursos, caso en el que también estaría implicada Vanesa “N”.

En la Fiscalía General de la República hay nuevos  nombramientos de fiscales especiales y coordinadores cercanos  a la titular, Ernestina Godoy, de entre los cuales destaca el sociólogo, abogado y catedrático universitario Ulises Lara López, quien es el nuevo responsable de la Fiscalía Especial de Investigación en Asuntos Especiales, donde, adivinó, seguramente estará buena  parte del seguimiento al caso del  ex policía protegido por Calderón.

Así que, si alguien pretende insinuar que en el actual régimen se tolera al narcotráfico o el crimen organizado, por supuestas ligas o pactos, viene rápida la respuesta: con Felipe Calderón y su García Luna, todo era peor. La oposición seguirá topando con pared en este tema.